Hace unas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación los cambios hechos en el artículo 248 bis del Código Penal, en el que se indica que se sancionará con uno a 4 años de cárcel y multa de cincuenta con cero a 300,000 pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. Ante esto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pone a su predisposición una serie de recomendaciones para identificar y saber de qué manera actuar ante esta clase de conductas por parte de los despachos de cobranza.

“Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o bien la intimidación ilícitos, así sea personalmente o bien mediante cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o bien financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas frecuente y profesionalmente a esta actividad, independientemente del tenedor de los derechos de cobro al instante de realizar la cobranza”, se explica en el documento.

Por otra parte, se detalla que informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o bien la capacidad de comenzar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o bien cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles no va a ser considerado como intimidación ilegal.

Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, señaló que uno de los temas que buscaba la reforma financiera era generar una mayor certidumbre jurídica al usuario deudor. El Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) sirve a fin de que las personas tengan a la mano la información básica de estas entidades y una herramienta para presentar protestas contra aquellos que infrinjan con las reglas que regulan su actuación.

“Por el otro lado, el hecho de que haya disposiciones en contra de los despachos de cobranza o bien a fin de que se porten bien no desea decir que no se deba pagar una deuda. Ahora, qué debe estimar un usuario: la Condusef ha emitido una serie de disposiciones que se encuentran en el Redeco que son prácticas de mínima transparencia y de incertidumbre”, comentó.

Los despachos de cobranza deben charlar o bien presentarse sólo entre las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, no deben usar nombres o denominaciones que se asemejen a las de instituciones públicas, conminar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, colegas o bien cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda, efectuar gestiones de cobro a terceros, enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales, recibir por cualquier medio y directamente el pago del adeudo, entre otros muchos.

De qué manera ayuda la Condusef

Ahora bien, identificando qué es lo que no pueden y sí pueden hacer, el titular de la dependencia explica cómo es el proceso que efectúan en la Condusef para ayudar al usuario deudor.

“A raíz de las modificaciones al código penal ya se considera como delito llevar cobranzas con amenazas, con insultos o bien escritos que aparentan ser judiciales (…) ¿Qué ha hecho la Condusef?, puesto que ha cambiado el Redeco, en él en el momento en que una persona va a denunciar una falta administrativa esta herramienta le marca un camino a continuar. Cuando se está denunciando uno de los delitos ya mencionados le va a salir un mensaje que dice que usted está denunciando un delito y le recomienda asistir a las oficinas de la Condusef para percibir asesorías de cómo presentar esta demanda ante la PGR”, explicó.

En estas asesorías, al usuario deudor se le señalará ante qué autoridad debe ir, qué debe contener el escrito y con qué documentos puede demostrar que está siendo sujeto de este tipo de prácticas. Mario Di Constanzo señaló que siendo telefónicas puede grabar la llamada; asimismo, exhortó a que identifique el número, nombre de la persona que hace esta llamada y para qué exactamente despacho trabaja.

Cabe destacar que la Condusef no se vuelve un codenunciante, o sea, lo único que hace es seguir la queja por la vía administrativa y no por la judicial, ver que la institución responda en tiempo y forma, de no hacerlo, sancionarla.

Por otra parte, el titular de la Condusef explicó que de haber entrado en vigor este cambio al código penal desde el 1 de enero, al mes de mayo la institución hubiera tenido que dar vista a la autoridad de aproximadamente siete,500 hechos o acciones de cobranza que se han llevado a acabo de forma ilegal.

 

Fuente: El Economista

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