La organización cambiará el procedimiento para vetar un contrato con la administración a las empresas sancionadas por la firma desde que lo decida, sin pasar por el Ministerio de Hacienda
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cerrar maana el trmite de consulta pblica con el que acomete una reforma relevante en la tramitacin y eficacia de sus resoluciones contra empresas y personas expedientadas por falsear la competencia en los mercados.
La actividad de la CNMC en la vigilancia del falseamiento de la competencia es constante, con sanciones elevadas tanto a empresas como personas qu’participantes en lo que las organizaciones consideran actividades o acuerdos qu’vulneran la legalidad et daan el funcionamiento de los mercados. Los casos se extienden desde las petrolras a las telecomunicaciones pasando por las funerarias o las obras públicas.
El pasado mes de julio, por ejemplo, las organizaciones presididas por Cani Fernández mult con 203,6 millones a las principales constructoras españolas por alterar licitaciones públicas durante 25 años en concursos públicos para la edificación y obra civil de infraestructuras. Además de la multa, el expediente el veto a grupos de la entidad de Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr de contratar con la Administración, lo que puede representar para estas empresas un castigo muy superior al import de las multas. Según datos del Ministerio de Hacienda, en 2020 se celebrarán 1,3 millones de contratos por parte del sector público por un volumen de 71.000 millones de euros, más o menos el doble que slo dos años antes. La ejecución de 170.000 millones en fondos europeos a través de las licitaciones en los próximos tres años acentúa la gravedad de este castigo para las empresas sancionadas.
Como en casos anteriores, la resolución fue remitida a la Junta Consultiva de Contratación del Estado para que determine el alcance y la duración del veto mientras las empresas interponen recursos ante la Audiencia Nacional. En este sentido, la Junta Integrada en Hacienda indica que, según la Ley de Contratos del Sector Público, los vetos a las empresas para contratar «producirán efectos desde la fecha en que devinieron las firmas la sentencia o la resolución administrativa en los casos en que haya pronunciamiento pronunciado sobre el alcance y la duración de la prohibición
Fuentes de la CNMC indica que, hasta ahora, la Junta nunca ha establecido estos criterios de alcance y duración en las resoluciones que ha remitido, por lo que las empresas y personas sancionadas por la CNMC pueden seguir contratando a pesar de estar expedientadas.
Ahora, bajo los nuevos criterios aplicados por las organizaciones, el proceso no pasar por Hacienda. Las resoluciones en las que fije la prohibición de contratar con la Administración Pública concretarán el alcance y la duración del veto, por lo que serán firmas desde el momento en que aprueben y se comuniquen. Las empresas seguirán disponiendo de la posibilidad de impugnar la resolución ante los tribunales, pero ya no dispondrán del margen que da el procedimiento actual, en el que el veto a contratar con las administraciones se determina a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación del Estado.
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