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El pasado ocho de mayo, la Fiscalía General le imputó cargos al exalcalde de Cali (dos mil ocho-2011) y actual presidente de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina Gómez por las irregularidades en la firma de un contrato de publicidad.

El ente investigador indicó que en la administración de Ospina se firmó un contrato con la firma Vission Digital Comunicación Estratégica, pese a que esta no contaba con la experiencia requerida.

Dicha empresa, según señaló la Fiscalía, había sido creada un par de días ya antes de la firma del contrato por exactamente la misma persona que se encargó de realizar la propaganda del líder político para su campaña a al Alcaldía en el dos mil ocho.

El secretario general de la Alcaldía, Pedro Luis Navío fue el responsable de firmar este contrato el cual tenía como objetivo el diseño de publicidad y la socialización de programas del ayuntamiento por un valor cercano a los 460 millones de pesos.

Debido a esto, la Fiscalía General le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. El ente estudioso se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento contra el líder político. En los próximos días el ente investigador residirá el escrito de acusación.

El exmandatario también encara una investigación por las irregularidades que se habrían presentado en la celebración del contrato para finalizar las obras de adecuación del Estadio Pascual Guerrero con miras al Mundial de Futbol Sub-veinte.

El proceso de licitación no habría cumplido con todos los requisitos demandados por la ley. En un caso así se indica que el convenio interadministrativo se firmó con el representante legal del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte.

Este, por su parte, firmó una serie de contratos con particulares para la ejecución de las obras del escenario deportivo para realizar la adecuación.

En el primer mes del año de dos mil quince, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación al excongresista por estos hechos, no obstante en 2016 el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía puesto que ya no tenía fuero.

En la investigación se citaba un informe de la Contraloría General que señalaba que se habrían presentado sobrecostos en el contrato para la renovación de la silletería y la adquisición de un tablero electrónico.

En el caso de la pantalla tipo LED se manifestaba que los contratistas la habían comprado por un valor treinta y siete veces superior al que se hallaba en el mercado.

“(…) este gasto ocasionó un presunto menoscabo al patrimonio público, por la suma de dólares americanos 622.197.614 si se equipara con el valor de adquisición de las sillas en Armenia, y por $ 843.064.166 si se equipara con Pereira», apunta el informe revelado por La Silla Vacía.

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