El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Salud de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la normativa actual con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
El Ejecutivo ha anunciado este requerimiento en un comunicado ante los protocolos anunciados por la Junta de Castilla y León para evitar abortos.
Afirma el Gobierno que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone ha podido disponer para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente.
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