El gobierno de Estados Unidos ha iniciado la pintura de color negro en tramos del muro fronterizo que separa al país del territorio mexicano, con el objetivo de aumentar su temperatura y dificultar su escalada, según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La medida responde a un mandato directo del presidente, quien considera que esta acción contribuirá a la seguridad fronteriza al disuadir intentos de cruce irregular.
Noem explicó que la elección del color negro responde a la capacidad del material de absorber el calor, lo que hace que el muro se vuelva incómodo al tacto durante las altas temperaturas del desierto. Según la funcionaria, esta característica, combinada con la altura y estrechez de la estructura, convierte al muro en un obstáculo más efectivo frente a quienes intentan cruzar de manera ilegal. Además, la pintura también servirá para prevenir la oxidación del metal, prolongando la vida útil de la infraestructura.
Alcance del proyecto y financiación
El proyecto es una sección de un plan más extenso aprobado por el Congreso a inicios del verano del hemisferio norte, el cual asignó US$46.000 millones para la ampliación y finalización de la barrera a lo largo de los cerca de 3.218 kilómetros de frontera. En este momento, se están edificando aproximadamente 0,8 kilómetros de barrera diariamente. La administración define esta construcción como un «baluarte y emblema» del compromiso del gobierno con la protección nacional y el manejo migratorio.
Noem ha subrayado que el plan no se restringe a la aplicación de pintura negra, sino que también abarca la colocación de infraestructura suplementaria en áreas acuáticas del Río Grande, tales como boyas reforzadas y barreras custodiadas por fuerzas estatales y federales. Esta mezcla tiene como objetivo disminuir los cruces ilegales en zonas clave de la frontera.
Gastos y opiniones
La decisión de pintar la pared de color negro ha suscitado críticas debido al elevado costo calculado. Durante el primer mandato de Trump, se estimó que pintar la pared podría tener un costo mínimo de US$500 millones, dependiendo de los materiales y el número de capas utilizadas. Especialistas en construcción han indicado que el metal ya absorbe una cantidad significativa del calor del desierto, y que la pintura podría deteriorarse con el tiempo, disminuyendo su eficiencia.
Agrupaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes, tales como el American Immigration Council y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han criticado que se prioricen fondos públicos para la infraestructura de fronteras en vez de servicios esenciales, sosteniendo que las políticas de expulsiones masivas y el gasto en seguridad pueden ocasionar efectos sociales y económicos perjudiciales.
Impacto en la migración y la estrategia del gobierno
De acuerdo con cifras oficiales, los cruces no autorizados han bajado considerablemente en los meses recientes, registrando niveles más bajos de aproximadamente 4.600 en julio y 6.000 en junio. El gobierno asocia esta disminución con una mezcla de arrestos extensivos, expulsiones y la percepción de un riesgo incrementado al intentar cruzar la frontera.
Noem también afirmó que un total de 1,6 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron EE.UU. durante los primeros 200 días del gobierno actual, aunque no se precisó cuántos fueron deportados formalmente y cuántos optaron por salir voluntariamente. La Casa Blanca sostiene que la política prioriza a personas con antecedentes penales, aunque defensores de los derechos de los migrantes han señalado que individuos con infracciones menores también han sido afectados por las redadas.
Seguridad y control fronterizo: un enfoque controvertido
El proyecto de aplicar pintura negra y la ampliación del muro en la frontera representan una táctica para reforzar la seguridad en dicha área, que incluye infraestructuras físicas, estrategias de disuasión y operativos migratorios. No obstante, la propuesta ha desatado un debate en torno a los elevados costos, la eficacia de la medida y las repercusiones en los derechos humanos, destacándose como uno de los temas clave en la agenda política y social de Estados Unidos.
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