AP
El gobierno boliviano aceptó indemnizar con 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax por la reversión de sus concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, tras perder un…
El gobierno boliviano aceptó indemnizar con 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax por la reversión de sus concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, tras perder un juicio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Minería y la empresa firmaron el jueves un acuerdo para el pago de la indemnización luego de una negociación en la que se logró bajar el 28% del monto inicial, de 57 millones de dólares.
“Con el acuerdo le ponemos fin al arbitraje”, señaló el ministro de Minería César Navarro en conferencia de prensa acompañado con el representante legal de la empresa, Andrés Jana, y el procurador Pablo Menacho. El representante de la firma chilena no dio declaraciones.
Bolivia atendió la demanda aunque salió del CIADI en 2007, un año después de iniciar el arbitraje. “Somos respetosos con las obligaciones internacionales y estamos cumpliendo”, agregó Navarro. Bolivia dejó el organismo internacional por considerar que no es equilibrado en sus decisiones.
El CIADI falló en mayo a favor de la empresa chilena tras determinar que Bolivia no cumplió con el “Tratado Binacional de Inversiones, al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones”.
El conflicto inició en 2004 cuando el entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005) revirtió a la empresa mediante un decreto las concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, al sureste de Bolivia. La ulexita es un mineral que tiene diversas aplicaciones en la construcción, en la agroindustria e incluso en productos farmacéuticos.
El entonces gobierno de Mesa argumentó que Quiborax no cumplió con las inversiones que se comprometió causándole un daño al país, además de incumplir con normas ambientales, según los señalamientos oficiales. La empresa negó las acusaciones y aseguró que le causaron un perjuicio comercial por lo que decidió entablar la demanda.
Fuente: Actualidad