Es apuntado por fraude en las licitaciones de obras públicas y delitos contra la tranquilidad pública.
El Congreso de Perú aprobó este informe final de una denuncia constitucional que recomendó a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntamente encabezar una organización criminal durante su gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, los legisladores dieron luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra el exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su fallido autogolpe, por lo que , ahora, el Ministerio Público deberá presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.
El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contre la tranquilidad pública, en la modidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contre la administración pública, en la modidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice de delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregulidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Además de votar, el pleno del Parlamento también ocurrió acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 10 de febrero dicho informe, tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.
Qué se dijo durante las 4 horas de debate
Durante la exposición del expediente, el legislador Diego Bazán, del partido derechista Avanza País, destacó los «elementos de convicción», según dijo «muy reveladores», entregados por el Ministerio Público sobre la supuesta existencia de una organización criminal en el aparato estatal.
Por su parte, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, resaltó el respeto al debido proceso, así como su «independencia, imparcialidad y legalidad», y acusó a Castillo ya su defensa de realizar acciones «dilatorias y obstruccionistas».
Durante su intervención virtual, el abogado del expresidente, Eduardo Pashas, solicitó sin éxito que Castillo pueda ejercer su derecho a la defensa de manera presencial ante el pleno y calificó de «absurda» la acusación, insistiendo en que el Congreso no observó los decretos cuestionados y dio la confianza a los gabinetes que tuvieron a los exministros imputados, por lo que pidió el archivo de la denuncia.
Tras pedir que se archive la denuncia contra el exmandatario, fue el turno de la defensa de Silva, pero la participación de su abogado fue rechazada por no habiter sido acreditado con anticipación, mientras que el exministro Alvarado envió un oficio al Parlamento en el que se allanaba dispone que se aprecie la acusación constitucional para que la Fiscalía continúe formalizando la investigación.
Durante el debate, que se prolongó por cuatro horas, tomó la palabra decenas de los 130 congresistas que integraban la cámara peruana, que lucía prácticamente vacía.
Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventediva dictada tras su intentio fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a despido el 7 de diciembre pasado por «permanente incapacidad moral» y designar en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Bolarte.
Fuente: Agencias
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